Tras la relativamente reciente huelga del año pasado, en la que el Gobierno garantizó una cuantiosa ayuda de 500 millones de euros a los transportistas para paliar la subida de los precios de los combustibles, los transportistas volvieron a convocar, el 14 de noviembre el segundo parón de duración indefinida. Además, los convocantes (la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías) realizaron una manifestación en frente del Ministerio de Transportes. Estos parones afectaron de manera drástica a la economía española puesto que, como indican los cálculos de OBS Business School, se estimó que las pérdidas económicas serían de la cuantiosa cifra diaria de 600 millones de euros.
Aún sabiendo que las grandes patronales se negaron a participar, la Plataforma está muy bien organizada. Sabe los puntos estratégicos en los que debe realizar los piquetes para frenar el transporte y con ello el país. Los transportistas aseguraron que las medidas tomadas meses antes de la huelga son insuficientes, que carecen de inmediatez y que en muchos casos no se están llevando a la práctica. Exigían que las instituciones pertinentes como la Guardia Civil o la Policía efectúen más inspecciones regulares y aseguren que se cumplen las mejoras prometidas. “Todo lo que piden está ya en marcha. Lo que deben hacer es denunciar para garantizar que se cumpla la ley”, alegaban entonces desde el Ministerio de Transportes.
Muchos empresarios y transportistas se negaron a secundar el paro del transporte ya que consideraron que solo agravaría enormemente la situación. Es más, entre ellos mismos sospechaban que la huelga tuvo, por una parte del sector, un carácter de beneficio fiscal. Ya que una gran cantidad de autónomos de este sector están amparados al sistema de módulos y para poder seguir en él para el próximo año, debían facturar menos de 125.000 euros durante este año. “Se trata de una cuantía que muchos de ellos están cerca de superar porque este año han podido trasladar los costes a sus servicios, elevando así la facturación”, afirmaban entonces desde la Confederación Española del Transporte por Mercancías.
En conclusión, esta segunda huelga se vio más influenciada por los propios beneficios fiscales de los convocantes que por el cumplimiento irregular de las medidas impuestas por el Gobierno. Lo indiscutible es que esta decisión egoísta tuvo graves repercusiones económicas, más drásticas aún ya que el Black Friday se encontraba a la vuelta de la esquina, y se preveía como un alivio para los comerciantes.
