Como ya muchos sabrán, el pasado día 8 de noviembre la Xunta de
Galicia aplicó el decreto que establecía el cierre inmediato de la hostelería de
decenas de regiones gallegas, como fue recogido en el DOG de esa misma
semana. El criterio a seguir fue estrictamente sanitario y tenía como objetivo
aplanar la curva de contagio del COVID-19 en los ayuntamientos con mayor
incidencia. Estas medidas, junto al resto del paquete de medidas anunciadas
por la Xunta, parecen sin duda haber hecho su efecto, dado que hoy, a día 24
de noviembre, Galicia se ha convertido en una de las CC.AA. con menor
incidencia de contagios; pero la pregunta es: ¿a qué precio?
Está claro que, en una situación como la actual, todos debemos hacer
sacrificios con el fin de protegernos a nosotros y a quienes nos rodean. Sin
embargo, determinados sectores de la población no solo se están enfrentando a
una de las mayores crisis sanitarias de nuestros tiempos, sino que se están
enfrentando a una de las mayores crisis que su sector ha sufrido en las últimas
décadas, y sí, nos estamos refiriendo a los hosteleros. Según Emilio Gallego,
Secretario General de la Federación Española de Hostelería, en el 2017 el tejido
hostelero español estaba conformado por más de 300 000 establecimientos, los
cuales representaban un 7,2 % del PIB nacional (Gallego, 2018) y una parte
fundamental del día a día de todos los españoles. Cuando el primer “estado de
alarma” se impuso en nuestro país, estos establecimientos tuvieron que cerrar
durante varios largos meses en los que tenían que seguir haciendo frente a
innumerables costes fijos como el arrendamiento de locales, luz y agua,
servicios de entretenimiento…
Los hosteleros que pudieron aguantar a flote tras la embestida del
primer confinamiento demostraron una extraordinaria capacidad de adaptación,
evolucionando para sobrevivir en este nuevo entorno. La posibilidad de ofrecer
los servicios de take away o de comida a domicilio se convirtieron en un modelo
de negocio que auxilió a miles de locales a mantenerse a flote y comenzar la
recuperación después del parón de los últimos meses. Sin embargo, este
noviembre se declaró el cierre de la hostelería en su modalidad presencial,
provocando que estos nuevos servicios sean la única vía de negocio viable y
legal durante las próximas semanas. ¿Las consecuencias de este cierre? Una
condena directa al hostelero medio que, tras sufrir meses de parón económico
y un incremento considerable en sus gastos fijos, ahora ha de enfrentarse a
otro parón indefinido de múltiples semanas o a la reconversión forzosa de su
negocio.
Y mi pregunta es, ¿qué ocurre con aquellos que han quemado hasta su
último cartucho para seguir adelante? Creo que la respuesta es tan obvia como
dolorosa para todos nosotros: el cierre permanente de sus negocios. A mí,
como ciudadano y como humano, se me rompe el corazón ante esta injusticia.
Esperemos que el Gobierno tenga más consideración al proteger a quienes se
han visto obligados a abandonar su profesión y modo de vida.
Referencias:
Gallego, E. (2018). El sector de la restauración en España. Distribución y
Consumo, 4, 26-30.
